En el presente caso, el recurrente solicitó la protección internacional indicando que tenía miedo a volver a Colombia por las amenazas de muerte y extorsiones recibidas por parte de las FARC acentuadas por su orientación sexual debido a  su condición homosexual. A juicio de la Sala, si bien en Colombia persiste un alto nivel de violencia contra la población LGTBI, siendo asesinadas personas por el prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, reproduciendo los grupos armados las convicciones sociales más negativas frente a este colectivo, no se desprende, en este caso, en relación a los hechos alegados por el recurrente la existencia de un acto de persecución «suficientemente grave» por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una «violación grave de los derechos humanos fundamentales». Las alegaciones del interesado fueron absolutamente genéricas e imprecisas, limitándose a exponer que sufrió amenazas y extorsiones por parte de las FARC, pero sin ninguna otra concreción o detalle, lo que impide apreciar que dicho acto de persecución revista la suficiente gravedad por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos fundamentales, ni una acumulación grave de varias medidas capaz de activar la protección internacional.