En el presente caso, los recurrentes alegan ser profesionales cualificados, ajenos a cualquier actividad política que sufrieron amenazas por parte de individuos que se acreditaron como integrantes del Ejército de Liberación Nacional. A juicio de la Sala, no existe un un motivo de persecución en el sentido de los artículos 3 y 7 de la ley 12/2009, pues los actores no ostentan la condición de activistas sociales o políticos, ni el acoso que han sufrido se debe a alguno de los tasados motivos que se indican en los preceptos mencionados, sino que estamos en presencia de un supuesto de delincuencia común que debe ser abordado desde las competencias del Estado Colombiano para la represión de conductas delictivas. La lentitud del funcionamiento del sistema judicial no es causa que justifique la concesión del asilo.